Dentro del modelo conservador del Estado de bienestar, está una serie de países del sur de Europa- España, Italia, Portugal y Grecia-, que constituyen el modelo conservador del Sur del Mediterráneo. Este modelo conservador del sur del mediterráneo tiene unas características comunes: la financiación del Estado de bienestar se realiza a través de las contribuciones de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, también tiene una serie de particularidades históricas, que lo hace estar a medio camino de todos los modelos del Estado de bienestar sin pertenecer completamente a ninguno. Portugal y España, por ejemplo, crearon sus Estados de bienestar a partir de los años 70 después de que finalizarán sus respectivas dictaduras. Por este motivo, el sistema de bienestar es muy reducido en comparación con los países escandinavos y del centro de Europa, y el subsidio por desempleo suele ser más corto, aunque mayor que en los países anglosajones. Por otra parte, los trabajadores disfrutan de una buena protección ante los despidos y las pensiones suelen ser elevadas. La sanidad es de carácter universal y está financiada mayoritariamente con contribuciones. Existe, además, un llamado "tercer sector" que desempeña un papel importante en la prestación del bienestar.
España se caracteriza por un sistema de bienestar lastrado por un alto desempleo. Las primeras iniciativas relacionadas con el Estado del bienestar son de finales del siglo XIX. Durante la Segunda República se intentó establecer seguros por accidentes y de retiro para los trabajadores pero se topó con la oposición. Con la dictadura franquista, el gasto social nunca fue superior al 8% del PIB. Tras la recuperación de la democracia, el gobierno socialista emprendieron la construcción del Estado del bienestar. La ley General de Sanidad de 1986 creó un Sistema Nacional de Salud descentralizado. En cuento a las pensiones, se fijaron en el Pacto de Toledo- 1995- donde se garantizó la sostenibilidad del sistema, amenazado hoy por la evolución demográfico del país. Esto ha obligado a elevar la edad de jubilación a los 67 años. Los altos niveles del paro ha hecho que la protección por desempleo sea una de las partidas más importantes del gasto social en España. En 1999, se legisló a favor para la conciliación entre empleo y la vida privada fijando la duración de la baja de maternidad y la nulidad de despido laboral por discriminación de sexo. También, se estableció ayudas a familias numerosas y a monoparentales. En cuanto a la educación, el gasto público se situó por encima del 4% del PIB. Las políticas públicas se complementan con la participación del tercer sector.
El Estado del bienestar en Italia dedica el 25% de su PIB al gasto social. La protección de la salud es universal mientras que la protección del empleo es baja y se financia a través de las contribuciones de los trabajadores y de los impuestos. Al igual que España, en Italia el tercer sector es fundamental en la provisión del bienestar. Este tercer sector tiene una gran relevancia en la protección social junto a las familias. En Italia, existe un alto porcentaje de economía sumergida- 25% del PIB- y una diferencia entre el norte y el sur de Italia. También, Italia ha experimentado cambios en su Estado del bienestar desde 1990. La primera, obligó a reconsiderar como consecuencia del tratado de Maastricht. Entre 1992 y 1995 se incrementó y se flexibilizó la edad de jubilación - 57 a 65 años- se introdujeron los "cuasi-mercados" en el servicio de salud. La segunda, provocado por la crisis económica de 2008. Ante el peligro de no poder pagar su deuda pública- 110% del PIB en 2009- el BCE salió en su apoyo, pero a cambio de reducir en gasto social y así ayudar a reducir su déficit público, favoreciendo el crecimiento económico. Por último, el gobierno de Mario Monti asentó el sistema de pensiones sobre tres pilares: un sistema de reparto, uno voluntario de capitalización a través de las empresas y otro privado e individual.
España se caracteriza por un sistema de bienestar lastrado por un alto desempleo. Las primeras iniciativas relacionadas con el Estado del bienestar son de finales del siglo XIX. Durante la Segunda República se intentó establecer seguros por accidentes y de retiro para los trabajadores pero se topó con la oposición. Con la dictadura franquista, el gasto social nunca fue superior al 8% del PIB. Tras la recuperación de la democracia, el gobierno socialista emprendieron la construcción del Estado del bienestar. La ley General de Sanidad de 1986 creó un Sistema Nacional de Salud descentralizado. En cuento a las pensiones, se fijaron en el Pacto de Toledo- 1995- donde se garantizó la sostenibilidad del sistema, amenazado hoy por la evolución demográfico del país. Esto ha obligado a elevar la edad de jubilación a los 67 años. Los altos niveles del paro ha hecho que la protección por desempleo sea una de las partidas más importantes del gasto social en España. En 1999, se legisló a favor para la conciliación entre empleo y la vida privada fijando la duración de la baja de maternidad y la nulidad de despido laboral por discriminación de sexo. También, se estableció ayudas a familias numerosas y a monoparentales. En cuanto a la educación, el gasto público se situó por encima del 4% del PIB. Las políticas públicas se complementan con la participación del tercer sector.
El Estado del bienestar en Italia dedica el 25% de su PIB al gasto social. La protección de la salud es universal mientras que la protección del empleo es baja y se financia a través de las contribuciones de los trabajadores y de los impuestos. Al igual que España, en Italia el tercer sector es fundamental en la provisión del bienestar. Este tercer sector tiene una gran relevancia en la protección social junto a las familias. En Italia, existe un alto porcentaje de economía sumergida- 25% del PIB- y una diferencia entre el norte y el sur de Italia. También, Italia ha experimentado cambios en su Estado del bienestar desde 1990. La primera, obligó a reconsiderar como consecuencia del tratado de Maastricht. Entre 1992 y 1995 se incrementó y se flexibilizó la edad de jubilación - 57 a 65 años- se introdujeron los "cuasi-mercados" en el servicio de salud. La segunda, provocado por la crisis económica de 2008. Ante el peligro de no poder pagar su deuda pública- 110% del PIB en 2009- el BCE salió en su apoyo, pero a cambio de reducir en gasto social y así ayudar a reducir su déficit público, favoreciendo el crecimiento económico. Por último, el gobierno de Mario Monti asentó el sistema de pensiones sobre tres pilares: un sistema de reparto, uno voluntario de capitalización a través de las empresas y otro privado e individual.
