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20 de abril de 2017

Modelos de Estado de bienestar(III): El modelo conservador(I): Alemania y Francia.

El modelo conservador del Estado del bienestar presenta tres grandes rasgos. A saber: El primero es cómo se financia. La financiación se realiza a través de las contribuciones de los trabajadores y de sus salarios. Las cotizaciones de los trabajadores crean un derecho que es difícil de eliminar o reducir por los gobiernos. El segundo considera a la familia como la unidad responsable de proveer bienestar. Los programas sociales se han centrado en el apoyo de la cabeza de la familia- el hombre- como sostén de la familia, mientras que el papel social de la mujer se ha centrado en el cuidado de los hijos. Tercero, los intermediarios entre los trabajadores y el Estado, tienen un papel fundamental. Los sindicatos y las asociaciones empresariales participan en ese sistema de intermediación proporcionando servicios sociales- programas destinados a los trabajadores, por ejemplo- y, por tanto, limitando la influencia del Estado, respondiendo al principio de subsidiaridad. El problema del modelo conservador del Estado del bienestar es la transformación de la familia desde los años 80: la incorporación de la mujer en el mercado laboral y el aumento de los divorcios y parejas de hecho, con el consiguiente aumento de las familias monoparentales.

Alemania se ha considerado como prototipo del modelo conservador del Estado del bienestar junto a Francia. Después de la II Guerra Mundial, el Estado de bienestar alemán se centró fundamentalmente en proporcionar un buen nivel de vida a las familias alemanas. Todo cambió, con los gobiernos democristianos de Helmut Kohl en los años 80 y 90. Su gobierno fue el responsable de elevar la edad de jubilación hasta los 65 años y la aprobación del Pflegeversicherung. Además de lidiar con las implicaciones económicas de la reunificación de Alemania. Las transformaciones del Estado de bienestar alemán revirtieron en el propio Estado de bienestar: incentivando el trabajo indefinido o evitando los cambios de actividad a lo largo de la carrera laboral. Sin embargo, la globalización, el progreso tecnológico y la competencia internacional han erosionado la estabilidad de los puestos de trabajo sin que se haya tocado la estructura favorable a los trabajos a tiempo completo y para toda la vida. El resultado se ha traducido en un alto desempleo entre los jóvenes y las mujeres. La legislación beneficia a los trabajadores de los sectores manufactureros y a los funcionarios del Estado pero no así a los jóvenes y mujeres. Entre 1998 y 2002, Gerhard Schröder impulso una gran reforma de las pensiones, en el que se permitió que los trabajadores ahorraran en un sistema privado que se premiaba con incentivos fiscales y que se añadía a las cotizaciones a la seguridad social, debido a una situación demográfica que amenazaba el sistema de reparto. En 2003, se introdujo políticas activas de empleo y requisitos más estrictos para acceder a las prestaciones de desempleo y se impulso iniciativas de formación.

El Estado del bienestar francés se inició durante la Tercera República durante los años 20 y 30 a través de sociedades de ayuda mutua de origen católico. En 1928, se aprobó leyes para proteger a los trabajadores de los accidentes, de la invalidez y de las enfermedades. Pero, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando se instituyó un sistema de seguridad social. El sistema de protección social francés siempre ha sido muy conservador pero ha sufrido reformas desde los años 90, y se incrementó desde la crisis económica de 2008, y especialmente a partir de 2010. Se centraron en las pensiones y en las reformas en el mercado laboral. En Francia, el sistema de pensiones es público y se debe cotizar 41,5 años para acceder a la pensión máxima. Se ha incrementado la cuantía de las contribuciones y la edad de jubilaciones, que ha pasado de los 65 a los 67 años. La protección al desempleo está vinculado a las políticas activas de empleo desde los años 90. Se hace a través del servicio público Pôle Emploi. La duración del subsidio de desempleo depende del tiempo cotizado, un mínimo de cuatro meses para tener derecho a la prestación, y un máximo de tres años.

Como he dicho antes, tanto en el caso alemán como el francés, el Estado de bienestar conservador se ha resentido en las últimas décadas debido a la globalización y para mantener la competitividad, y así, el crecimiento económico, de Alemania y Francia.


6 de marzo de 2017

Modelos de Estado de bienestar(II): El modelo socialdemócrata y el modelo liberal.

El modelo socialdemócrata- o nórdico- del Estado del bienestar incluye a todos los países del norte de Europa- Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia-. En estos países existe un alto nivel de desmercantilización de los servicios sociales básicos. Son países poco poblados, alcanzando los 26 millones de personas. Tienen una historia pacífica, pactista y, debido a su posición periférica en Europa, han podido adaptarse a las transformaciones de la sociedad. Además, son países socialmente homogéneos con un alto nivel cultural y educativo. En los años 30, se instauró en esos países una "tercera vía" entre los países liberales y los países fascistas, permitiendo a la larga la interacción entre esa forma de gobierno y la creciente participación de los ciudadanos en la política. Los municipales gestionan el 60% del gasto público y tienen una responsabilidad fundamental en la prestación de servicios como la enseñanza y el cuidado de los ancianos.

El inicio del Estado del bienestar en los países nórdicos es de finales del siglo XIX. A diferentes velocidades, los países nórdicos fueron introduciendo a principios del siglo XX los seguros de desempleo, de enfermedad, de accidentes y de jubilación, pero no fue hasta el final de la II Guerra Mundial cuando se extendió la cobertura para toda la ciudadanía, con la vocación de ser universales.  A partir de 1960, el Estado del bienestar nórdico tuvo una edad de oro. Suecia fue quien hizo más esfuerzos, y, hasta la década de 1980, fue el que mayor porcentaje del PIB destinó al gasto social. Seguido muy de cerca por Dinamarca, y más atrás, por Noruega y Finlandia. Actualmente, cerca del 30% del PIB, se destina al gasto social en Suecia, Dinamarca y Finlandia. Los programas de protección pública han perseguido siempre la universalidad. Dicha protección social se financia a través de impuestos. La recaudación por impuestos se sitúa entre el 40% respecto del PIB. Los ciudadanos de los países escandinavos son favorables en la participación y en la construcción del Estado del bienestar. Existe una llamada "moral tributaria", es decir, una disposición favorable a pagar sus impuestos. No favorecen acogerse a las deducciones que favorecen el fraude a la hacienda pública. Existe, por tanto, unas convicciones morales, y al mismo tiempo, un alto grado de confianza en las instituciones. La confianza reside en la percepción favorable de los resultados del Estado de bienestar: los ciudadanos creen que sin impuestos no estaría asegurado la universalidad de los servicios del Estado del bienestar para todos los ciudadanos. Desde los años 70, se han producido una serie de reformas económicas orientadas a una mayor competitividad y orientada a la exportación, para poder mantener el Estado de bienestar. Como resultado, los países escandinavos son hoy economías exportadoras con grandes superávits de balanza de pagos y muy atractivas para el inversor extranjero. Además, hay que sumarle el gasto en educación entorno a un 7% o 8% del PIB y una fuerte inversión en investigación y desarrollo, en políticas de subsidios de desempleo y políticas activas de formación para el empleo.

El modelo liberal es aquél donde el mercado suministra bienes y servicios en relación al Estado de bienestar. Aquí, encontraríamos fundamentalmente a los países anglosajones. Vamos a centrarnos en dos países concretamente: Reino Unido y Estados Unidos. Respecto al Reino Unido, después de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y John Major, Tony Blair presentó lo que se llamó la tercera vía para recuperar el impulso del Estado del bienestar. La tesis central de ese nuevo laborismo fue que, la distinción entre el mercado y el Estado, no tenía razón de ser y era necesario adoptar un punto de vista más pragmático que ideológico. La tercera vía se aplicó en los ámbitos tradicionales de las políticas de bienestar pero tuvo una incidencia especial en las políticas activas del empleo y en la educación. En las políticas de empleo, las ayudas se concebían como un medio para mejorar la productividad y la adaptación de los trabajadores para hacerlos más competitivos y así aumentar su probabilidad de ser contratados. El subsidio de desempleo pasó a ser tan solo un recurso de última instancia. El problema del desempleo no era una falta de oportunidades sino que era por las deficiencias en la capacitación de los desempleados. El Estado del bienestar debía capacitar a los ciudadanos para incorporarse en el mundo laboral. Los beneficiados de esas ayudas al desempleo deberían participar en la búsqueda obligatoria de trabajo. En 1998, se estableció por primera vez un salario mínimo en 1998. En el ámbito educativo, desde el siglo XIX, es obligatorio la enseñanza. Hoy en día, lo es para las edades comprometidas entre los 5 y los 18 años. Entorno, al 90% estudia en el sistema público. Las universidades públicas no son gratuitas. Y, por último el sistema de pensiones, está inclinado hacia el mercado y depende más del ahorro privado y de los fondos de pensiones de las empresas. Tiene tres niveles: obligatorio, complementario y voluntario. Obligatorio, es la contribución que hace los trabajadores a la seguridad social británica y que consiste en un sistema de reparto. Es baja y necesita ser complementada. Los otros dos niveles: el segundo, el complementario, consiste en complementar la pensión a través de aportaciones añadidas al sistema público o bien con fondos de pensiones privadas en sustitución de estas y el tercero, voluntario, conformado por un ahorro voluntario por las propias empresas.

Respecto a los EE.UU., su modelo de bienestar tiene un fuerte carácter individualista que se origina en la Constitución de 1787 que protege los derechos de los ciudadanos y de la propiedad privada. Este fuerte rasgo individualista del Estado de bienestar en EE.UU., tiene un concepto muy distinto al europeo, respecto a que entiende por redistribución de la renta, el gasto social o el propio tamaño del Estado. El gasto público en EE.UU. ha representado un 35% del PIB desde la década de 1980, muy por debajo de los países escandinavos o de Francia, por encima del 50%. El gasto pública se reparte en tres administraciones: la federal, con un gasto social del 20% respecto del PIB, la estatal y local, con el 9% cada una. Las partidas más importantes, con el 5% del PIB cada una, son las de educación y del sistema público de salud: Medicare, para mayores de 65 años, y Medicaid, destinado a personas con bajos ingresos, creados ambos en 1965. En 2010, Barack Obama firmó la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible- Obamacare-. Antes de esta ley, un 18,5% de la población no tenía ningún tipo de cobertura sanitaria y con el Obamacare se incrementó el número de asegurados, reduciendo el número de norteamericanos sin seguro en 11,4 millones desde 2010 hasta 2014. 

18 de octubre de 2016

Introducción a ¿Es sostenible el estado del bienestar?

El libro ¿es sostenible el estado del bienestar? nos introduce en un tema candente: el desarrollo, mantenimiento y crisis del Estado de bienestar en las sociedades occidentales. Cómo, cuando y por qué surge el primer Estado de bienestar en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial; sus antecedentes históricos en el siglo XIX e inicios del siglo XX y el precedente del New Deal de Roosevelt en los años 30 en Estados Unidos. Es, en ese contexto histórico, social, económico y político, que emerge el keneysianismo como respuesta a los estragos de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial. Será el economista británico, John Maynard Keynes, quien establecerá las bases teóricas del Estado de bienestar. Las políticas keynesianas se implementarán y desarrollarán a lo largo de más de tres décadas en los países occidentales. Se caracterizaron por apostar por políticas intervencionistas por parte del Estado en materia económica, financiera y social en detrimento del libre mercado a la hora de ofrecer bienes y servicios básicos- empleo, vivienda, educación, sanidad...- a la población. Durante 30 años, las políticas keynesianas fueron un éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos, permitiendo el despegue, desarrollo y mantenimiento del Estado de bienestar. En paralelo, a este proceso de inicio y consolidación del Estado de Bienestar, se inicia una reacción liberal contra la intervención del Estado en la economía. Los defensores de la libertad de mercado, apoyados por las tesis de Milton Friedman y la Escuela de Chicago, preconizaron un paulatino abandono de los postulados keynesianos, y, por extensión, del Estado del bienestar. Pero, no será, hasta los años 80, cuando definitivamente estas ideas (neo)liberales harán fortuna con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. El ascenso de la doctrina neoliberal cuestionará tanto la legitimidad como la sostenibilidad del Estado del bienestar y apostará por su desmantelamiento progresivo, substituyéndolo por una creciente mercantilización de servicios básicos como la sanidad o la educación, y, por la privatización de los sectores económicos estratégicos de los países desarrollados, y posteriormente, del resto del mundo.

En segundo lugar, desarrolla los distintos modelos de Estado de bienestar existentes en la mayoría de los países occidentales. Podemos hablar y diferenciar claramente tres grandes modelos de Estado de bienestar: el modelo socialdemócrata de los países nórdicos; el modelo liberal de los países anglosajones y el modelo conservador de países como Alemania o Francia. Se expone tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles así como sus aportaciones y limitaciones que han reavivado el debate sobre la sostenibilidad fiscal de estos modelos de Estado de bienestar a medio y a largo plazo por motivos demográficos y por la irrupción de la globalización.